¿Revolución educativa?

El actual gobierno propuso al país una revolución educativa. Sin embargo, la agenda hasta hoy planteada se ha centrado en el Plan Decenal, que siendo un avance sustantivo en la construcción de políticas de estado, no da cuenta de las expectativas que una revolución demanda en cuanto generadora de cambios estructurales e integrales.

Cabe que la Asamblea Constituyente establezca pautas para viabilizar la revolución prometida. Una de ellas es cambiar el eje de la educación y de organización del sistema. Se debe pasar de un paradigma educativo centrado en los mecanismos de acceso y enseñanza, a otro que apueste por el aprendizaje, por la calidad, la inclusión y la equidad. De uno que privilegia la instititucionalidad (escuela, docente, sistema educativo, Estado) a otro que coloque en primer plano al sujeto que aprende (al alumno, niño, joven, adulto, a la familia, a la sociedad): la institucionalidad al servicio de la persona y de la sociedad, y no al revés como sucede hoy. De una educación autoreferenciada y limitada a sí misma, a otra que se vea como medio para el bienestar individual y colectivo, para el desarrollo. Apostar por esto es apostar por la revolución.

¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? Y ¿Para qué país?

El Ecuador demanda cambios profundos. La Asamblea Constituyente es un espacio privilegiado para apuntalar dichas transformaciones. Uno de los aspectos que reclama modificaciones sustantivas es la educación que desde hace décadas se debate en una aguda crisis.

La educación está divorciada de la realidad económica, política y social del país. Sus contenidos no son pertinentes ni correspondientes a las necesidades del desarrollo local y nacional ni a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. Es una educación que ata al país y a las personas al pasado y a sus peores males: el autoritarismo, el memorismo, la opresión y la ignorancia.

La educación en las actuales circunstancias debe apuntar a la formación de un ser humano integral, socialmente responsable y ubicado históricamente. De allí que los asambleístas antes de tratar el tema educativo deben responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar? Y ¿Para qué país educamos? Con lo que el debate se desplaza de la educación hacia otros ámbitos de la realidad y hacia la necesaria construcción consensuada de un nuevo proyecto-país.

Educación, responsabilidad de todos

La educación es un derecho humano fundamental, por lo tanto para su realización se requiere de la garantía y responsabilidad del estado, de la sociedad y de la familia. Sin embargo, en las últimas décadas la educación pública fue abandonada a su suerte por el Estado, por la sociedad y la familia. El retiro del Estado se expresó en la reducción de presupuestos y en la falta de continuidad de políticas. El sector productivo y la empresa, los medios de comunicación y las grandes organizaciones sociales se divorciaron de la educación colaborando a su mediocridad y vaciamiento de contenidos actualizados. Los padres de familia “depositamos” a nuestros hijos en las escuelas y nos olvidamos de la formación que reciben. En la gran escena política quedaron dos grandes actores: el gobierno representado por el Ministerio de Educación y el sindicato docente. Esta se constituyó en una ecuación perversa que agudizó la crisis. Es urgente revertir este orden de cosas. El cambio de la educación y la realización del derecho demanda de la participación y compromiso de todos.